El ex consejero de Empleo de
la Junta de Andalucía Antonio Fernándezentre 2004 y 2010, en las
presidencias de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y viceconsejero
desde 1995 se ha convertido a primera hora de este martes en el tercer imputado
que ingresa en prisión por la trama de los ERE.
Él fue, en calidad de
presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), uno de los dos firmantes
del convenio que el 17 de julio de 2001, según el criterio de la juez
instructora y la Fiscalía, instauró un sistema que permitió gastar en diez años
casi 700 millones de euros sin control y en beneficio de ciertas personas.
El ex consejero sigue así el
mismo camino que su director general de Trabajo y Seguridad Social Javier
Guerrero y el chófer de éste, Juan Francisco Trujillo, ambos en
prisión desde marzo, y se convierte en el primer miembro del Consejo de Gobierno
que pisa la cárcel en la historia de la autonomía.
La magistrada le imputa seis
delitos: prevaricación, malversación, cohecho, falsedad en documento mercantil,
negociaciones prohibidas a los funcionarios y obtención indebida de subvenciones
públicas. El auto, de 78 folios, fundamenta la orden de ingreso en prisión en el
riesgo de fuga de Fernández y la posibilidad de obstrucción de la labor de la
Justicia, según han señalado fuentes del caso.
La Fiscalía lo considera
responsable de la concesión de 646 millones de euros en ayudas ilícitas
con cargo al programa presupuestario 31.L o fondo de reptiles, así como de la
concesión de 1,5 millones de euros para las prejubilaciones del restaurante
sevillano Río Grande y otros 1,8 millones para prejubilar fraudulentamente a
seis intrusos: el ex alcalde socialista de El Pedroso Rafael Rosendo; al ex
dirigente del PSOE de Camas José Antonio García Prieto; a los vecinos de El
Pedroso (pueblo de Javier Guerrero) Antonio Arquero y Alejandro Millán; al
vecino de Córdoba Rafael Ruiz y a Estrella Blanco, madre del chófer de Guerrero,
que es el único de estos intrusos que no está imputado, ante los indicios de que
fue su hijo quien la suplantó sin que ella tuviera conocimiento del fraude.
Además, esas cantidades se incrementan en un tercio, como establece la
ley.
Antoñito Fernández, que
es como le llamaba todo el mundo en González Byass, SA. Su comportamiento en la
empresa, desde el punto de vista de muchos de sus trabajadores, fue inquietante.
Se recuerda sobre todo su decisión libre de trabajar en la huelga general de la
Vid convocada a finales de los años 70 sufriendo la presión del "paseíllo", esto
es, tener que desfilar ante centenares de aplausos camino del centro de trabajo.
Luego, Antoñito fue creciendo y aproximándose a UGT y al PSOE de los que
aprendió lo que sabe. Estudió meritoriamente Derecho porque su familia no era
rica, pero fue su proximidad al clan de Alcalá lo que le hizo ascender en el
escalafón político-social, pasando de ser concejal en Jerez, gestor discutido
del club deportivo de la ciudad y vicepresidente de la Diputación, a convivir en
las altas esferas de la política.
Ahora el secretario general de
UGT-A, Manuel Pastrana, considera "absolutamente radical" que la juez de
Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, haya ordenado el ingreso en
prisión sin fianza del exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio
Fernández, si bien ha calificado de "opereta" el caso de los expedientes de
regulación de empleo (ERE) así como las actuaciones del propio juzgado. Asegura
que se trata de "una decisión desproporcionada y que después de cuatro días
encerrados en los Juzgados de Sevilla, no han encontrado ningún elemento, ni se
ha puesto de manifiesto en el interrogatorio, que Fernández se haya lucrado y
aprovechado personalmente de los ERE".
Quizá esto sea cierto en parte
cuando fue consejero de Trabajo otro, José Antonio Viera, lo había
precedido y ya funcionaba el sistema de los fondos de reptiles. Es imposible que
tales cantidades de dinero, 1.000 millones de euros, un 3 por ciento del
presupuesto anual de Andalucía, no fueran conocidas por el presidente de la
Junta, su consejero de Economía y Hacienda y su consejero de Empleo, entre
otros. Quienes no tenían que conocer a fondo este sistema por la cuantía de
los mismos eran los presidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio
Griñán. Si esta decisión es injusta, simplemente debería explicarle a la
juez de quienes procedían las órdenes. Los rábanos por las hojas
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