La corrupción impulsó a los peores, a los incompetentes y permitió perseguir a los decentes.


La corrupción no perdona, ha sido generalizada, y nos muestra un país, es un lugar que los que  trabajan siempre salen perdiendo. Como decía una célebre escritora: Cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un auto-sacrificio , entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada"
La corrupción impulsó a los peores, a los incompetentes y permitió perseguir a los decentes.

Momentos duros especialmente para la salud debido a la situación sanitaria, pero no muchos mejores para la situación económica y para el conjunto de toda la ciudadanía y muy especialmente para las Pymes y para los autónomos.

En estos momentos de graves crisis, es donde se palpan los resortes y la planificación de una sociedad y de un estado, aquí el fracaso es contundente, y no sólo por el gobierno sino por todos los gobiernos y por la ciudadanía que ha optado por el pan y el circo.

Cuando cientos de Guardias Civiles democráticos denunciábamos la "Corrupción", éramos encarcelados, perseguidos y además con formas ilegales y propias de una sociedad sin arquitectura judicial y sin control alguno que garantizaran nuestros derechos. Detenciones ordenadas por la autoridad militar sin base legal alguna, haciéndolo de noche y sin razón jurídica que pudiera apoyar que el derecho de asociación era un delito, falta o infracción administrativa alguna, muy al contrario era un derecho constitucional irrenunciable al que su uso debía ser garantizado.

El tribunal Constitucional de España dictó una sentencia en el caso Cabo Rosa, al recurso de amparo del año 1990 en el año 1993, que fue contundente, los ciudadanos Guardias Civiles tenían derecho no solo al derecho de asociación general sino al profesional. Sentencia al recurso de amparo 871/90 que aún hoy está sin ejecutar y además no sirvió para que de oficio se terminaran con las expulsiones y con las persecuciones, dándole mayor rango a los generales y a la corrupción que a las sentencias el alto tribunal constitucional que acomodándose al momento miraba para otro lado.

Con el paso del tiempo otro Guardia Civil logró una sentencia histórica en el alto tribunal de derechos humanos de Europa --TEDH--, la 6996-01 en al cual se dejó ya claro y sin vueltas concepto evidentes de que la Guardia Civil es Fuerza Seguridad del Estado, que no se podía aplicar el régimen disciplinario militar y que España había cometido delitos en masa de detención ilegal. Otra vez más las sentencias no han servido para nada, simplemente para que los interesados las cuelguen el la pared o las aprovechen en momentos como estos --COVID-19-- para limpiarse el culo con ellas.

La corrupción del estado, genera graves consecuencias, enormes daños a las sociedades, y terminan en un caos sin precedentes, todos los gobiernos que han dirigido España, no han sido controlados, todos nuestros políticos no han rendido cuentas, y han ido sin rubor e indecentemente a lo suyo.

Para terminar, La pandemia no distingue entre pobres, adinerados, políticos, ciudadanos y mendigos, no conoce colores, y pone a prueba a todos y a todas, cualquier cosa que se haga estará hecha bajo un riesgo evidente al estar el descontrol y la falta de conocimiento científico encima de la mesa, cualquier gobierno lo tiene difícil, y máxime cuando la corrupción ha lastrado los resortes de España y su sistema sanitario, es necesario el compromiso de todos, del conjunto de toda la sociedad para cambiar el rumbo de la indecencia, del oportunismo, y dar un corte en la raíz que nos permita avanzar en la justicia y la razón. Es necesario una comisión de la verdad para que atemperemos el temporal, un temporal sembrado hace tiempo que se ha convertido en una maldición gallega, porque sin duda nuestros muertos se retuercen en sus tumbas y buscan responsables.

Para finalizar Ya, Mencionar a una célebre escritora Ayn Rand, 1950 la cual dijo:"Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada;Cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores, Cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno por las influencias más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están  protegidos contra ti; Cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un auto-sacrificio , entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada".
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El Corona Virus COVID-19 y los arrendamientos urbanos, una momento clave para la Mediación y los mediadores.

Echar mierda hasta que crezca la hierba.

Los arrendamientos, y la renta de un inmueble afecto a la actividad económica. Puede ser suspendido el contrato y por lo tanto el pago de la renta. La fuerza mayor una causa a sustentar.

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Echar mierda hasta que crezca la hierba.

Que el ministro de justicia tenga paralizada la ley de impulso de la mediación, y el foro de la mediación en el estado de alarma es muy preocupante y pernicioso para los tiempos que vivimos.

La mediación en estos momentos es esencial para lograr consenso y que la justicia no se vea todavía mas lesionada y desprestigiada.

El real decreto Ley 8-2020 y el 11/2020 no presentan medidas algunas para los locales de negocios arrendados, en la declaración del estado de alarma.

La realidad que nos estamos encontrando es: Empresarios y particulares con locales en alquiler que han recibido una comunicación de sus inquilinos, notificando que no pueden hacer frente al pago de las rentas por cierre total o parcial de sus  negocios. El impago de rentas a los propietarios por causas de fuerza mayor nos puede llevar a otro nuevo colapso del sistema judicial, que ya es eterno y permanente, una pelea entre propietarios e inquilinos.

El ministerio de Justicia  no puede seguir esperando como con el covid-19, a que el sistema judicial se derrumbe, tiene que tomar medidas y de manera urgente, y una sin más remedio es, poner en marcha la ley del impulso de la mediación ya en su día aprobada con el consenso de todo el parlamento. 

Conforme a la Ley de Arrendamiento Urbanos, los contratos de arrendamiento para uso distinto a vivienda se rigen por la voluntad de las partes. Por tanto, la primera posibilidad es que ambas partes renegocien las condiciones del contrato y pacten medidas, aquí es donde entra la figura profesional del Mediador,  que permitan compaginar los intereses de ambas partes en el contrato y paliar las consecuencias económicas que ha provocado esta pandemia.

La mediación es el presente caso una forma de lograr que los intereses de las partes puedan llegar a soluciones ajustadas a la crisis de la pandemia del COVID-19 nos ha traído, repensando las posiciones para poder llegar por la vía pacífica a soluciones rápidas, prontas, justas y solidarias; el resto nos lleva al negocio de la justicia y al colapso de la misma y sin soluciones durante años. La justicia debe estar reservada para casos importantes. Por ello nuestros legisladores no se pueden andar por las ramas, dando vueltas a una tuerca pasada de rosca, dejando de aplicar la legislación que ellos mismos aprueban para contentar a grupos gremiales interesados sólo en su negocio y no en el negocio y la mejora social de los justiciables y de la justicia. Más de ocho millones de asuntos están estancando la justicia y esto va creciendo a pasos agigantados. La mediación sin duda es la solución, y el requisito procesal de que sea obligatoria ante un mediador profesional es crucial.

Hacer mención la fuerza mayor preceptuada en el artículo mil ciento cinco –1105--  del Código Civil que señala que fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que previstos, fueran inevitables, nos llevará sin duda a frentes judiciales y a resoluciones o sentencias por toda España cada una en un sentido diferente, con años de lucha y de pérdidas en todos los sentidos y un grave daño no sólo para los interesados sino, para la sociedad, la administración y la justicia, por eso acudimos a la realidad palmaria: “Debemos activar de inmediato la ley de impulso de la mediación aprobada por todos los partidos políticos que hace obligatoria la mediación previa como requisito procesal para accionar ante los juzgados”, el resto es ineficiente, ineficaz y carente del sentido común.

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