El saqueo de Andalucía 19 - Antoñito




El ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernándezentre 2004 y 2010, en las presidencias de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y viceconsejero desde 1995 se ha convertido a primera hora de este martes en el tercer imputado que ingresa en prisión por la trama de los ERE.

Él fue, en calidad de presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), uno de los dos firmantes del convenio que el 17 de julio de 2001, según el criterio de la juez instructora y la Fiscalía, instauró un sistema que permitió gastar en diez años casi 700 millones de euros sin control y en beneficio de ciertas personas.
El ex consejero sigue así el mismo camino que su director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero y el chófer de éste, Juan Francisco Trujillo, ambos en prisión desde marzo, y se convierte en el primer miembro del Consejo de Gobierno que pisa la cárcel en la historia de la autonomía.

La magistrada le imputa seis delitos: prevaricación, malversación, cohecho, falsedad en documento mercantil, negociaciones prohibidas a los funcionarios y obtención indebida de subvenciones públicas. El auto, de 78 folios, fundamenta la orden de ingreso en prisión en el riesgo de fuga de Fernández y la posibilidad de obstrucción de la labor de la Justicia, según han señalado fuentes del caso.

La Fiscalía lo considera responsable de la concesión de 646 millones de euros en ayudas ilícitas con cargo al programa presupuestario 31.L o fondo de reptiles, así como de la concesión de 1,5 millones de euros para las prejubilaciones del restaurante sevillano Río Grande y otros 1,8 millones para prejubilar fraudulentamente a seis intrusos: el ex alcalde socialista de El Pedroso Rafael Rosendo; al ex dirigente del PSOE de Camas José Antonio García Prieto; a los vecinos de El Pedroso (pueblo de Javier Guerrero) Antonio Arquero y Alejandro Millán; al vecino de Córdoba Rafael Ruiz y a Estrella Blanco, madre del chófer de Guerrero, que es el único de estos intrusos que no está imputado, ante los indicios de que fue su hijo quien la suplantó sin que ella tuviera conocimiento del fraude. Además, esas cantidades se incrementan en un tercio, como establece la ley.

Antoñito Fernández, que es como le llamaba todo el mundo en González Byass, SA. Su comportamiento en la empresa, desde el punto de vista de muchos de sus trabajadores, fue inquietante. Se recuerda sobre todo su decisión libre de trabajar en la huelga general de la Vid convocada a finales de los años 70 sufriendo la presión del "paseíllo", esto es, tener que desfilar ante centenares de aplausos camino del centro de trabajo. Luego, Antoñito fue creciendo y aproximándose a UGT y al PSOE de los que aprendió lo que sabe. Estudió meritoriamente Derecho porque su familia no era rica, pero fue su proximidad al clan de Alcalá lo que le hizo ascender en el escalafón político-social, pasando de ser concejal en Jerez, gestor discutido del club deportivo de la ciudad y vicepresidente de la Diputación, a convivir en las altas esferas de la política.

Ahora el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, considera "absolutamente radical" que la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, haya ordenado el ingreso en prisión sin fianza del exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, si bien ha calificado de "opereta" el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) así como las actuaciones del propio juzgado. Asegura que se trata de "una decisión desproporcionada y que después de cuatro días encerrados en los Juzgados de Sevilla, no han encontrado ningún elemento, ni se ha puesto de manifiesto en el interrogatorio, que Fernández se haya lucrado y aprovechado personalmente de los ERE".

Quizá esto sea cierto en parte cuando fue consejero de Trabajo otro, José Antonio Viera, lo había precedido y ya funcionaba el sistema de los fondos de reptiles. Es imposible que tales cantidades de dinero, 1.000 millones de euros, un 3 por ciento del presupuesto anual de Andalucía, no fueran conocidas por el presidente de la Junta, su consejero de Economía y Hacienda y su consejero de Empleo, entre otros. Quienes no tenían que conocer a fondo este sistema por la cuantía de los mismos eran los presidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Si esta decisión es injusta, simplemente debería explicarle a la juez de quienes procedían las órdenes. Los rábanos por las hojas

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